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En Nicaragua, el determinado y autocrático presidente Daniel Ortega ha debilitado las instituciones nicaragüenses para extender su poder. Ha manipulado las elecciones, sobornado y amenazado a la oposición con violencia. Juntos, sus esfuerzos le permitieron aspirar ilegalmente a otro mandato, robar la elección en noviembre, y posibilitar su inauguración en este día. Es deplorable que la administración de Obama haya mantenido un cruel silencio y se haya negado a condenar esta agresión contra la democracia y los derechos humanos básicos del pueblo nicaragüense.

Por casi tres años, las políticas de la administración Obama hacia América Latina han sido definidas por la autocomplacencia y el alejamiento de nuestros aliados. Ha estado callada y ha rehuido la defensa de nuestros intereses mientras que los tiranos de la región avanzan sus agendas, como vemos en Nicaragua. Y en momentos cuando Estados Unidos debería aliarse claramente del lado de la libertad y el orden constitucional, la administración ha estado desaparecida en acción, como es el caso hoy en Nicaragua.

Esta administración necesita reconsiderar fundamentalmente su política hacia América Latina y reorientar nuestras políticas hacia el hemisferio occidental a la promoción del estado de orden, los valores democráticos y el mercado libre. Podemos empezar con Nicaragua.

La administración debe condenar la elección presidencial de Daniel Ortega en noviembre de 2011 por ser un fraude. Además, debe considerar otras medidas tales como la suspensión de visas estadounidenses para funcionarios nicaragüenses e individuos involucrados en el desgaste del orden constitucional y democrático en Nicaragua. Debe oponerse a préstamos de instituciones financieras multilaterales a Nicaragua. Y debe abogar por la suspensión de Nicaragua de la OEA y establecer que su regreso a la organización sea condicional a la adopción de medidas significativas para restaurar la democracia y el estado de orden conforme con la Carta Democrática Interamericana.

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